¡¡EL PROYECTO DESMÁRCATE SIGUE!!

Desde mediados del año pasado no contamos con financiación específica para las actividades DESMÁRCATE. Sin embargo, la comercialización es demasiado importante y no podemos dejar de prestarle atención.

¿Qué ha cambiado?
Ya no contamos con una persona contratada específicamente para los trabajos de sensibilización. Esto nos compromete a realizar esta labor con los recursos que cada Empresa de Inserción cuenta.

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GRUPO DE TRABAJO SOBRE CLÁUSULAS SOCIALES

Dentro del Observatorio de la Exclusión Social y los procesos de Inclusión en la Comunidad de Madrid se ha creado un grupo de trabajo que estudie y trabaje sobre el tema de la IMPLANTACIÓN DE CLÁUSULAS SOCIALES EN LA COMUNIDAD DE MADRID.

El Grupo de trabajo cuenta con la participación de diversas redes sociales a las que nos interesan las Cláusulas Sociales:

•  EAPN y AMEI por el interés de defender la contratación de personas en situación o riesgo de exclusión

•  IDEAS por el consumo de productos de comercio justo

•  AFEM por el consumo de productos y servicios de los Centros Especiales de Empleo

•  FUNDACIÓN MUJERES por la garantía de una política de Igualdad de Oportunidades, a través de la contratación equilibrada de mujeres y hombres

•  De igual manera las COOPERATIVAS DE INICIATIVA SOCIAL, agrupadas en redes específicas, como es el caso de la TRAVIESA plantean el compromiso de las Administraciones Públicas por el consumo de sus productos y servicios.

•  Tiene interés en cláusulas sociales la economía social, por lo que REAS MADRID también participa en este grupo de trabajo

•  Finalmente, AMEI, como impulsora del Observatorio plantea a las Administraciones la inclusión de cláusulas que favorezcan el consumo de productos y servicios de las Empresas de Inserción.

 
El Grupo de trabajo prestará atención al eje medio ambiental, como aspecto a tener en cuenta en las recomendaciones.

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POR UNA INVERSIÓN PÚBLICA ÉTICA.

CELEBRADA LA I JORNADA SOBRE COMPRA PÚBLICA RESPONSABLE DE SETEM.

(Madrid, 26 de marzo de 2009) "Ya pasó el tiempo del maquillaje; ha llegado el momento de pasar a la acción y hacer de la compra pública una inversión ética y sostenible”. Así de concluyente fue la opinión del jefe de Relaciones Laborales y Prevención del Ayuntamiento de Barcelona, Oriol Salvat, durante su intervención, ayer, en la I Jornada sobre Compra Pública Responsable organizada por SETEM. “Mi objetivo con esta presentación”, aseguraba, “es convencerles de que esto es posible”. Y con esta intención, Salvat y otros seis ponentes explicaban, a partir de sus propias experiencias, y delante de un auditorio formado por cargos políticos y empresarios, cómo se podrían introducir compras éticas en la Administración Pública.

El evento, que tuvo lugar ayer por la mañana en el salón de actos del Área de Gobierno de Economía y Empleo del Ayuntamiento de Madrid, reunió a alrededor de sesenta personas. Políticos, responsables de asociaciones empresariales y agentes de Cooperación al Desarrollo acudieron a la cita movidos por un mismo interés: impulsar el Comercio Justo y las Finanzas Éticas dentro (y desde) el sector público.

 Begoña Fernández Ruiz, subdirectora del Instituto Municipal de Consumo, habló de la experiencia  que el Ayuntamiento de Madrid tenía en actuaciones de consumo responsable, animando al auditorio a implementar una serie de prácticas muy sencillas para fomentar el comercio justo desde sus instituciones, como informar a la población sobre el tema organizando jornadas y desayunos escolares, o impulsar el compromiso del sector privado con el Comercio Justo. Iñaki Manrrubia, profesor de Derecho Administrativo de la Universidad Pampeu Fabra, centró su intervención en la posibilidad de incorporar cláusulas sociales y éticas dentro de la contratación administrativa. Valle Contreras, de FIARE, y Anni Yumi Joh, de SETEM, propusieron una intermediación financiera y de banca ética. Y Víctor Sáez, del Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa, abogó por que  se regulase la RSC de las empresas para que dejara de ser “una moda” y se convirtiera en algo consolidado.

Las Empresas de Inserción sociolaboral necesitamos trabajo para la inserción, mercado para la inserción proporcionado por la Administración. Las diferentes Administraciones tienen que reservar algunos trabajos para que las Empresas de Inserción puedan realizar su tarea sin el agobio y la presión de la competencia y las duras exigencias del mercado.

De las diferentes Administraciones Públicas (municipal, autonómica y central) surgen multitud de trabajos muy apropiados para las Empresas de Inserción., que no exigen excesiva cualificación, que supondría la continuidad del proyecto empresarial y garantizaría el cumplimiento de sus obligaciones laborales y fiscales.

Para las Empresas de Inserción, estos años, después de la Ley 13/95 de Contratos de las Administraciones públicas, han resultado difíciles en lo que se refiere a la colaboración económica con las administraciones, pues los convenios se reducen al mínimo y, en materia de contratación pública, se prima tanto la solvencia económica en los pliegos, que se desplazan a las pymes, y a las Empresas de Inserción que lo son, de concursos que naturalmente nos corresponderían, beneficiando en su lugar a grandes empresas.

Existe la falsa creencia, muy extendida entre el funcionariado responsable de los procesos de contratación pública y entre los gestores públicos, de considerar imposible la utilización de la contratación pública como instrumento de intervención social que ponga en manos de Empresas de Inserción el trabajo público para la inserción. Piensan que la propia Ley 13/95 de Contratos de las Administraciones Públicas y la normativa comunitaria sobre la competencia lo impiden.

Desde AMEI y FEEDEI defendemos que la Ley 13/95 no prohíbe estas prácticas si se respeta los principios de publicidad, libre concurrencia y transparencia.

 

ES POSIBLE CON VOLUNTAD POLÍTICA

Basándonos en las responsabilidades en materia de inserción que la Ley de Bases de Régimen Local y otras leyes encomiendan a las diferentes administraciones, proponemos que determinados concursos públicos contemplen un doble objeto en la contratación, la inserción laboral de determinados colectivos y el trabajo técnico de que se trate y, en consecuencia, en los pliegos se articulen condiciones y baremos de manera coherente con el doble objeto propuesto.

Primar a las Empresas de Inserción en la contratación pública, no supone competencia desleal, ni vulnera la libre concurrencia, ni atenta contra los principios básicos de la contratación, sino que la discriminación positiva encuentra su sentido cuando determinadas personas o colectivos precisan de una especial protección y se justifica además por diferenciarse de empresas convencionales en su finalidad y resultados, poseyendo un mayor alcance que el de la rentabilidad económica, así como por su naturaleza cívica y carácter social que contribuye al beneficio de la colectividad y a la cohesión social.

 

YA SE ESTÁN DANDO PASOS

Esto no lo decimos solo las Empresas de Inserción. Respecto a la contratación pública, la Unión Europea se acoge al principio de la discriminación positiva en situaciones de desigualdad.

En el Libro Verde sobre la Contratación Pública en la Unión Europea se recoge la posibilidad de los Estados miembros de considerar los objetivos de su política social en el momento de adjudicaciones de sus contratos. Así lo han entendido muchos Ayuntamientos y Comunidades Autónomas. Administraciones como el Ayuntamiento de Bilbao, Pamplona, Mancomunidad de Servicios de la Comarca de Pamplona, Adigsa, Generalitat de Cataluña, Ayuntamiento de Burlada, de Sabadell, de Vitoria, de Getafe, de Alcobendas, de Getxo, de Girona, de Granada, de Gijón… entre otros, han incorporado cláusulas sociales en algunas o en todas sus contrataciones.

 

TENEMOS QUE EXIGIR LO EVIDENTE

Las formas de llevarlo a cabo son muchas y muy variadas y todas están ensayadas. Hay ayuntamientos que reservan distintos porcentajes de cuotas de mercado público, otros disgregan en partes el pliego de condiciones, otros exigen a la empresa adjudicataria un contrato mercantil o civil que den ocupación a trabajadores-as con dificultades de inserción laboral. Pudiéndose utilizar el concurso restringido con o sin publicidad.

Determinados servicios que generan mucha mano de obra poco cualificada como la recogida y clasificación selectiva de residuos sólidos urbanos, el mantenimiento de zonas ajardinadas, de parques urbanos, de mobiliario urbano, de centros escolares, la rehabilitación de viviendas, la limpieza de fachadas y de suelo público y otros servicios de proximidad… Las Empresas de Inserción estamos perfectamente capacitadas para prestarlos y si estos servicios se prestaran por las Empresas de Inserción promovidas por entidades no lucrativas, se favorecería la sensibilidad de los/as escolares, vecinos y vecinas y ciudadanía en general y se conseguirían apoyos y recursos que sólo proyectos solidarios y vinculados al entorno como las Empresas de Inserción pueden movilizar.

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EJEMPLOS DE CLAUSULAS SOCIALES

•  Ayuntamiento de Zaragoza año 2001. Contrato de Conservación y Mantenimiento de las zonas verdes. Cláusula de valoración positiva.

 

•  Ayuntamiento de Pamplona. Cláusula social en el concurso público del Servicio de Atención a domicilio, consideró en sus criterios de adjudicación.

 

•  Ayuntamiento de Granada: Cesión a reserva de cuotas del mercado público:

20% mantenimiento y limpieza de edificios públicos, colegios, equipamiento informático, paneles luminosos, mantenimiento e instalación de jardines.

20% de las obras y servicios en las instalaciones deportivas, empresas municipales y en los patronatos municipales.

10% de las obras públicas promovidas

100% de la recogida, transporte y tratamiento de papel y cartón, voluminosos, ropa, aceite doméstico.

 

• Ayuntamiento de Madrid. Junta Municipal de Ciudad Lineal. Cláusula social en el contrato de ayuda a domicilio “envejecer en casa”.

 

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